Mediante un decreto de Macri, se flexibilizan las condiciones para importar basura, ahora se podrán importar desechos reciclados sin un certificado que asegure que no son peligrosos. Al riesgo que eso implica, se suma que afectaría el trabajo de los recicladores.
El decreto 591 lleva la firma del presidente Mauricio Macri y habilita la importación de basura y residuos de otros países para ser reutilizados en el país, algo que estaba expresamente prohibido desde 1991 cuando se sancionó Ley de Residuos Peligrosos. La nueva norma flexibiliza las restricciones para el ingreso de “desechos de papel y cartón, chatarra ferrosa, chatarra de aluminio, desechos de material plástico y vidrios”, entre otros, sin necesidad de ningún certificado de inocuidad sanitaria y ambiental como se exigía anteriormente. Ambientalistas y cartoneros criticaron la medida, informa Página 12.
La norma modifica los decretos reglamentarios de la ley de Residuos Peligrosos para permitir el ingreso de “sustancias y objetos”, procedentes de otros países, que puedan ser utilizados para otras finalidades o para los que exista un mercado o demanda específica.
La norma modificada prohibía el ingreso cuando no estuviera garantizada la inocuidad de los residuos. Dejaba en claro que en ese caso tanto el transporte, la introducción o la importación “de todo tipo de residuo, desecho o desperdicio procedente de otros países” estaba totalmente prohibido. La ley extendía la prohibición a todos los desechos “procedentes del reciclado o recuperación material de desperdicios que no sean acompañados de un certificado de inocuidad sanitaria y ambiental expedido previo al embarque por la autoridad competente del país de origen”. Algo que a su vez debía ser ratificado por las autoridades ambientales argentinas.
Los especialistas en materia ambiental juzgaron la medida como preocupante, por su carácter regresivo en materia de derechos ambientales. La mayor preocupación gira en torno a si la modificación le abriría la puerta de entrada a los residuos peligrosos. “La norma es preocupante porque elimina el requisito de inocuidad y peligrosidad de origen, entonces cómo podemos estar seguros de que no ingresen residuos peligrosos”, advirtió a Página 12 el abogado ambientalista Enrique Viale.
“Hablan de cartón y reciclables, cuando las grandes ciudades de nuestros país no reciclan 100 por ciento sus residuos. En vez de impulsar el reciclado atentan directamente contra las cooperativas de cartoneros que viven de la venta de material reciclado”, agregó Viale, que explicó que la importación va a bajar el precio de los reciclados.
Desde las cooperativas de recuperadores urbanos no tienen dudas: la medida va a bajar drásticamente el precio de los materiales que se recuperan de la basura, algo que afectará tanto a las cooperativas como a los cartoneros independientes.
“El decreto traslada una demanda de las grandes empresas para bajar el costo de los materiales y de las grandes potencias mundiales que no saben qué hacer con su basura a la espalda de los cartoneros. En el día a día, que baje el precio de los reciclables significa que un compañero o compañera que revuelve la basura tenga menos dinero para darle de comer a sus hijos”, opinó a Página 12 Nicolás Caropresi, dirigente nacional del MTE y la CTEP.
Caropresi remarcó que el hecho de que se importe basura evidencia la falta de una “política de reciclado hacia adentro”, algo que los trabajadores de la economía informal demandan desde hace varios años para incluir formalmente el trabajo de los recuperadores.
El Gobierno porteño destina más de 8.500 millones de pesos por año a la disposición de todo lo que se desecha. En ese marco tanto la Auditoría porteña como las cooperativas, denuncian irregularidades en el control a las empresas y en su cumplimiento.
La gestión de los residuos es conflictiva desde hace muchos años. El año pasado el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta modificó la “Ley de Basura 0” sancionada en 2007, para permitir la incineración de residuos. Esta normativa, tiene como fin la eliminación progresiva de los rellenos sanitarios y la disminución de la generación de basura.
Según la legislación para 2017 deberían haberse reducido el 75% de los residuos enviados al relleno. Sin embargo, sólo fue el 26,7% según datos oficiales. Hoy en día se recicla un 46% de los residuos que genera la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a un estudio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Sin embargo, en ese mismo estudio muestran que el 40% de los residuos que llegan al CEAMSE podrían reciclarse. De las 6700 toneladas que se recolectan de la Ciudad, las doce cooperativas cartoneras tienen a su cargo el tratamiento de 600 por día.
Por un lado, el Gobierno de Cambiemos busca seguir profundizando sus negocios con las empresas que se encargan de la recolección y disposición final de los residuos en rellenos sanitarios, ya que cobran por tonelada procesada, y por otro lado, las cooperativas cartoneras que encuentran en el reciclaje una fuente de trabajo digno y a su vez mejora el ambiente para la gente que habita en la ciudad y reduce la cantidad de residuos dispuestos en el CEAMSE, cuya vida útil está cerca de terminar.
Además, el Gobierno porteño está tomando medidas que desfavorecen al reciclaje que realizan las cooperativas cartoneras como el retiro de las campanas verdes en varios barrios, lo que genera un retroceso en cuanto a la práctica que venían realizando las familias en sus casas de separar en origen los residuos.
